Derecho a la Vida a Través de una Cultura de Paz

Las organizaciones de la sociedad civil del estado Bolívar rechazan la situación de amenaza en la que se encuentra el derecho a la vida debido al incremento de la violencia. Las principales evidencias de esta problemática son la cantidad de asesinatos ocurridos en el país durante los últimos años, en su mayoría sin resolver por los altos índices de impunidad existentes.

Es lamentable que en nuestro país se esté perdiendo el respeto por la vida de las personas y que las instituciones responsables de garantizar la seguridad en la ciudadanía no cumplan con sus obligaciones de responder objetivamente a la gran demanda de la sociedad en materia de protección y seguridad.

Además de las muertes, es preocupante también observar un aumento de la violencia física y psicológica mediante el maltrato tanto hacia las mujeres como hacia los niños, niñas y adolescentes. Estas poblaciones requieren de especial protección en los ambientes escolares y familiares. La violencia es una amenaza para el derecho a la vida, pero también restringe el derecho a la recreación, al trabajo, a la educación y a la libertad en general.

Las causas principales de esta problemática son un clima de irrespeto e intolerancia, la ausencia de una educación ciudadana para la paz que permita resolver los conflictos de manera pacífica, sin recurrir a la violencia o el uso de armas de cualquier tipo; y el mal funcionamiento del sistema escolar y del proceso educativo que, en vez de ser un espacio preventivo de la violencia donde los niños y niñas se formen para la vida en sociedad, se ha convertido también en un lugar de violencia.

De esta manera, las organizaciones Fundación Madres de Luto, Amnistía Internacional, Redes por la Vida y la Comisión de los Derechos Humanos de la Federación de Abogados, conformados en “Redes por la Paz”, llevaremos a cabo un programa de sensibilización y capacitación hacia la Cultura de Paz mediante el empleo de estrategias de NO VIOLENCIA, dirigido a instituciones educativas públicas y privadas, comunidades organizadas y asociaciones civiles, entre otras, a fin de disminuir los índices de violencia y proporcionar a los actores sociales estrategias de resolución pacífica de conflictos.

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