Derecho a la Información Pública

Las organizaciones de la sociedad civil de Caracas exigen el restablecimiento del derecho de acceso a la información pública, el cual ha sido constantemente quebrantado por parte del Estado en los últimos años y que además vulnera la libertad de expresión, la transparencia pública y el ejercicio de la participación. Esta situación se evidencia, por una parte, en el incumplimiento de la presentación regular y transparente de información acerca del desempeño de la gestión pública y en los considerables vacíos y atrasos de las estadísticas oficiales. Por otra parte, este problema se manifiesta en pérdidas de los canales de acceso y de la confiabilidad de la información.

Recientemente se han promulgado leyes que permiten la “reserva” de información de manera discrecional y se han adoptado medidas que impiden o prohíben a los funcionarios suministrar información a los ciudadanos y medios de comunicación social privados. Durante estos años ha sido una situación frecuente que no haya respuesta por parte de los funcionarios a las solicitudes de información, que se encuentren serias dificultades para encontrar información o que la que existe sea incompleta e inconsistente.

Las causas de esta problemática es que –además de lo establecido en la Constitución y en la Ley de la Administración Pública- no existe en el país una legislación específica que garantice el pleno acceso a la información pública y prohíba de manera expresa conductas que vayan en contra de este derecho. Más de 80 países a nivel mundial tienen leyes en esta materia. En consecuencia, estas organizaciones proponen presentar a la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Libertad de Expresión, y solicitar que esta proyecto sea introducido en agenda legislativa para ser discutido de forma plural y participativa, incluyendo a todas las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones proponen difundir el contenido del proyecto, convocar a mesas y conversatorios, y hacer seguimiento a la solicitud y la consulta pública.

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